El Gobierno de Madrid ha comenzado el nuevo curso escolar aumentando en dos horas semanales las horas docentes (que no laborales) que deben impartir los profesores de la escuela pública de la comunidad. Y los profesores se quejan y la presidenta dice que trabajan poco. Pero el debate, aunque algunos sólo vean hasta ahí, va más allá. Y el problema, como los propios docentes reconocen, no son dos horas más de enseñanza. El principal problema es que la medida va a dejar sin trabajo a millares de profesores interinos (no quiero especificar, hay demasiado baile de cifras al respecto).
El ejecutivo madrileño se defiende argumentando que el ahorro de la medida, cifrado en 80 millones de euros, hará que no se recorte en otros ámbitos de la enseñanza. Pero el problema es que precisamente la enseñanza es un pilar básico que debería ser intocable. Y más la pública.
El problema es que hace once meses, el gobierno de la Comunidad de Madrid aumentaba las deducciones fiscales para los colegios de pago. Si antes las ayudas sólo iban a familias modestas con hijos en centros privados, Aguirre legisló para beneficiar que familias con rentas más altas también las obtuviesen. Y esto, costó 90 millones, 10 más de lo que se pretende ahorrar ahora.
Y el problema es ver cómo la consejera de educación madrileña, Lucía Figar, reconoce cómo la Comunidad ha regalado dinero y terrenos para beneficio de centros católicos.
El problema no son dos horas más de docencia. El problema es la espeluznante privatización de la educación pública que sufre Madrid.
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