A Mariano Rajoy no le gustan los medios de comunicación. Desde que ganó las Elecciones, sus apariciones ante los mismos son escasas y, cuando se da el caso, huye en cuanto puede. No obstante, ha decidido hacerse con el control de los medios públicos estatales.
Radiotelevisión Española ha sido tradicionalmente acusada de ser partidista. Y era cierto. Su presidente era elegido a dedo por el gobierno de turno hasta que, en la primera legislatura de Zapatero y en el año 2006, se modificó el sistema de elección del presidente de la corporación y éste debía ser elegido por consenso parlamentario, obteniendo el respaldo de dos tercios del mismo. La medida quizá aún estaba lejos de lograr la perfección pero es innegable que regeneró y democratizó el ente e hizo que entrase en la mejor época de su historia. Esa época acaba de concluir. Con el real decreto aprobado por el Gobierno del Partido Popular, ahora bastará la mayoría absoluta para elegir al máximo mandatario de RTVE. Cierto es que primero se hará una votación que tratará de buscar ese consenso de dos tercios del parlamento pero, de no conseguirse, se hará otra segunda votación en la que la mayoría absoluta será suficiente. También es cierto que, en la teoría, no es lo mismo una mayoría absoluta parlamentaria que una elección gubernamental como se hacía antes. Pero la realidad evidencia que es una modificación de la ley hecha a medida para volver al antiguo sistema y que el consenso se volverá a tornar en imposición.
La excusa de la modificación ha sido una situación de “bloqueo” y que RTVE no tiene presidente electo tras la dimisión de Oliart (los miembros del Consejo de Administración se van turnando en el cargo), sin embargo, esa situación de bloqueo es interesada y constituye una disculpa ideal para tomar el control del ente público y poder informar de manera interesada sobre sus recortes y demás políticas restrictivas.
El asalto del Partido Popular a RTVE no es algo casual ni pensado actualmente por ese bloqueo del que hablan, es una estrategia pensada desde hace un año, por la que los dirigentes populares han estado vertiendo injustas críticas contra el modo de informar del ente y contra los profesionales que trabajan en él, acusándoles de no ser imparciales.
Se debe recordar que el presidente de la corporación fue consensuado parlamentariamente, también con el apoyo del PP, partido que felicitó a TVE por su labor informativa, algo corroborado por los galardones internacionales recibidos por los servicios informativos de la cadena. El cambio de postura del Partido Popular no dejaba de ser una meditada estrategia que iba encaminada a la toma de control del ente y de la información que éste proporciona.
Una de las voces más activas en la lucha contra los informativos de TVE fue María Dolores de Cospedal, acusando de parcialidad a la cadena pública en repetidas ocasiones. La popular, en cuanto logró la presidencia de Castilla - La Mancha y tomó el control de los medios públicos, nombró de presidente a alguien de más que dudosa imparcialidad como Nacho Villa. Y es que España sabe qué tipo de televisión pública le gusta al Partido Popular: la televisión pública partidista.
El PP gobernaba España cuando se produjo el hecho insólito e histórico de que Televisión Española fuera condenada judicialmente a emitir una rectificación por su manipulación informativa durante la jornada de Huelga General en junio de 2002. Ello acabó con el recordado “Ce-ce-O-o” de Urdaci. De eso hace una década pero tenemos ejemplos más recientes, más allá incluso que el de Cospedal. Así, las cadenas autonómicas de Madrid o Valencia, cuyos informativos son perfectamente confundibles con mítines políticos, son las únicas televisiones públicas que han sido denunciadas por sus propios trabajadores debido a su clamorosa parcialidad informativa.
El Partido Popular controla los Gobiernos de la mayoría de autonomías de España y todos los canales públicos. Con el conocido modo de informar que le gusta a este partido y su asalto a Radiotelevisión Española, no sólo se resiente la mayor objetividad lograda por el ente, sino que también se lesiona la democracia.
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