Ilegalización preventiva

La supresión de todas las listas de la coalición Bildu para concurrir a las elecciones municipales del 22 de marzo por parte del Tribunal Supremo es, cuanto menos, de dudosa legitimidad. Partiremos de la base (espero que no sea mucho suponer para algunos) de que ni Eusko Alkartasuna ni Alternatiba son partidos contaminados, batasunos, pro-etarras, ni nada que se le asemeje. Si esto es un hecho evidente, no lo es menos que los independientes que se presentan en sus listas, de momento y hasta que se demuestre lo contrario, tampoco lo son. Ni han ido en listas con Batasuna, ni han sido interventores o apoderados, ni han tenido otras vinculaciones.

Sala 61 del TS, encargada de examinar las listas de Bildu.

A la izquierda abertzale se le pidió que se ciñeran a las reglas de la democracia y que condenaran el terrorismo pero piden que defiendan sus ideas democráticamente mientras ilegalizan sus partidos para que puedan hacerlo.
De momento, las razones que esgrime el Supremo son de poco peso y siguen sin demostrar una vinculación evidente de Bildu con Batasuna. En el caso de la izquierda abertzale no se aplica la presunción de inocencia sino lo contrario: culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y esa ilegalización preventiva no debería darse en un Estado que dice ser de derecho.
Se puede aborrecer a ETA, ni plantearse el hecho de votar a Bildu pero creer que sí se les debe permitir presentarse. Y quizás, quienes tanto creen en la democracia y quieren derrotar esas opciones deban hacerlo en las urnas y no en los juzgados.